El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que las desapariciones forzadas en México son “sistemáticas y generalizadas”. Esta declaración fue motivada por un hecho reciente: el hallazgo de un posible campo de exterminio del narcotráfico en el Rancho Izaguirre, en Guadalajara. La escena, de extrema violencia, ha reavivado el debate nacional e internacional sobre si México atraviesa una crisis de desapariciones forzadas estructural y no solo asociada al crimen organizado.
Hace justo una década que las Naciones Unidas expresó por primera vez que en el país había “un contexto de desapariciones generalizadas”. Fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Desde entonces, el caso mexicano ha estado bajo constante observación internacional por su incapacidad de frenar la violencia y la impunidad.
El CED —creado para dar seguimiento al cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas— señaló que, más allá de una participación directa del Estado, existe una “negligencia histórica” por parte de las instituciones mexicanas ante esta crisis de derechos humanos.
El Estado mexicano ha recibido 681 recomendaciones desde 2015 por parte del Comité contra la Desaparición Forzada, muchas de las cuales han sido ignoradas o descartadas por las autoridades. México se encuentra incluso por encima de naciones con conflictos armados activos como Irak o Colombia en esta materia. La gravedad de la situación llevó al Comité a invocar por primera vez en su historia artículos de la Convención que fungen como mecanismos excepcionales y permiten que el caso sea llevado con urgencia ante la Asamblea General de la ONU.
México enfrenta hoy una crisis humanitaria de más de 127,000 personas desaparecidas, 5,600 fosas clandestinas documentadas, y un 99% de impunidad en los casos reportados. La ONU ha advertido que, en el país, desaparecer está más cerca de ser una norma que una excepción.
Ante ello, la reacción de Claudia Sheinbaum sobre los señalamientos:
“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso. Eso no existe en México”.
Sheinbaum también acusó al Comité del órgano internacional de desconocer el panorama completo sobre la situación en México, a pesar de los más de 10 años de seguimiento que lleva el organismo en temas de desapariciones forzadas. Por ello, decidió enviar una nota diplomática expresando el desacuerdo respecto a la resolución. La postura fue respaldada por la Secretaría de Gobernación, el presidente del Senado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Incluso, la mayoría de Morena en el Senado aprobó un procedimiento para solicitar la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, bajo el argumento de que las desapariciones no son responsabilidad del Estado mexicano. El experto en derecho penal internacional Jacobo Dayán advirtió sobre la gravedad del rechazo institucional:
“Lo que hace el Comité es una crítica al Estado mexicano, no al Gobierno de México… Si el Estado no reconoce que sus omisiones, colusiones y participaciones son responsables de este fenómeno, no saldremos adelante” (El País).
De hecho, según la misma comisión, lejos de reforzar los mecanismos de búsqueda e identificación, el actual gobierno ha sido señalado por debilitar las capacidades institucionales en esta materia. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense se cerró por completo y el Centro de Identificación Humana se redujo al 70% de su capacidad.
En conclusión, la postura del Gobierno de México, que insiste en que las desapariciones son obra exclusiva de la delincuencia organizada, contrasta con la mirada de Naciones Unidas, que coloca el foco en la omisión, complicidad y negligencia sistemática del Estado.