Infancias Invisibles: Menores en Situación de Orfandad por Feminicidio en México

En México, cada día en promedio entre 9 y 10 mujeres son asesinadas (ONU Mujeres, 2024), la violencia feminicida no sólo arrebata las vidas de estas mujeres, sino que deja atrás una profunda herida social: cientos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan una situación de orfandad, el abandono del Estado y de la sociedad.

Detrás de cada caso de feminicidio hay una historia interrumpida, invisibilizada y condenada a enfrentar el trauma de la pérdida. Estos menores son omitidos en las estadísticas y desprotegidos por el Estado, quedando atrapados en un limbo de desamparo y revictimización social. ¿Quién vela por ellos? ¿Cómo se justifica la indiferencia social ante los menores sin apoyo emocional, económico e institucional? Explorar la realidad de los huérfanos por feminicidio es adentrarse a una crisis humanitaria silenciosa, una deuda social que sigue creciendo sin una respuesta clara.

Según el estudio “Infancias abandonadas: la realidad de las y los huérfanos por feminicidio” (2024), en México existen 1053 menores en situación de orfandad por feminicidio y de los cuales solo 3 de cada 10 reciben atención gubernamental. Aunque las cifras oficiales indican que 1053 menores han quedado en situación de orfandad a causa de feminicidio, esta estadística es, en el mejor de los casos una aproximación mínima, debido a que la realidad es mucho más compleja y difícil de medir, en gran parte porque el Estado mexicano no cuenta con mecanismos eficaces para identificar, registrar y dar seguimiento a las víctimas.

A pesar de la publicación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio en el Diario Oficial de la Federación en 2022, el cual reconoce las vulnerabilidades, necesidades particulares de atención, responsabilidades especializadas de los organismos gubernamentales y la importancia de la prevención de violencia contra las mujeres y las niñas.

Los Estados del país no han establecido programas eficientes para la correcta implementación del programa, ya que con base en los datos del Instituto Nacional de las Mujeres en su “Informe de registro de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio y homicidio doloso de sus madres” (s.f.), solamente Coahuila y Jalisco han presentado mecanismos de ayuda para la protección y garantía de los derechos humanos de los menores. Además, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio declara que a los menores en situación de orfandad, no se les reconoce como víctimas en muchos procedimientos (Jornada, 2023), lo que significa que no solo hay un erróneo establecimiento de los derechos victimales de los menores, sino que no hay un marco legal integrado para la procuración del bienestar de la víctima indirecta de los crímenes.

La atención que recibe el tema dentro del discurso político apenas se pronuncia en la agenda pública, debido en gran medida a la cobertura mediática y la ausencia del reconocimiento institucional a través de las políticas públicas. La invisibilización de los menores por parte del Estado no es institucional, sino estructural y recae en la evasión de responsabilidades en términos de protección, reparación y justicia. Significa admitir que el Estado no sólo no ha mantenido los mecanismos adecuados para la prevención de los feminicidios en México, sino que también ha fallado en atender a las víctimas en sus necesidades integrales de apoyo psicológico, económico y jurídico ante una situación de duelo y búsqueda de justicia.

Transformaciones familiares tras la pérdida de la madre

La pérdida de la madre altera la dinámica familiar establecida, lo que obliga a reconfigurar los roles dentro de la familia. El papel de los cuidadores principales de los niños huérfanos pueden ser asumidos por los abuelos, tías, tíos o los hermanos mayores, por lo que se presentan cambios de responsabilidades que pueden generar tensiones significativas en las relaciones personales, e inclusive impactar en los recursos económicos familiares, en particular si la familia ya enfrenta dificultades socioeconómicas.

Como fue el caso de Margarita Alanis de 66 años, que el 31 de diciembre de 2016 tuvo que enfrentar la pérdida de su hija Campira Camorlinga la cual fue víctima de feminicidio. Se hizo cargo de sus dos nietos, los cuales no recibieron ninguna ayuda gubernamental.

“Fue muy difícil, porque aparte de empezar por ver las escuelas, las colegiaturas, los uniformes, útiles, todo, pues había que atenderlos, y no era solo atender un Niño por atender, sino atender a los niños que traen un problema de que su mamá murió, no es fácil. Entonces también tenía que pensar en los psicólogos”.
Margarita Alanis (Redacción Proceso, 2024)

Estos conflictos establecen una dinámica compleja que vulnera y construye barreras para la recuperación y bienestar del menor. El potencial de la ruptura de las estructuras familiares instaura factores de riesgo que afectan la seguridad y el bienestar físico y psicológico del menor, como es el caso de formar parte de una situación de abuso o negligencia por parte de los cuidadores, lo que perpetúa más el ciclo de violencia. La falta de un entorno estable y protector, expone al menor a situaciones de estrés y peligro, afectando su capacidad de resiliencia y adaptación.

Una sociedad que no quiere ver: estigmatización y rechazo social

La percepción colectiva tiende a marginar a estos menores construyendo una barrera simbólica, ya que con frecuencia, la percepción es caracterizada por prejuicios, conceptos erróneos y desinformación, por lo que experimentan altos niveles de discriminacion y estigma. Además, según la investigación “Adolescentes y jóvenes en orfandad por desaparición, homicidio y feminicidio: revisión narrativa” (2022), el apelativo «huérfano», es asociado a la ausencia de uno o ambos padres que, junto a las carencias económicas refuerza una percepción de inferioridad.

Asimismo, la investigación previa establece que “las causas de fallecimiento o la desaparición son asociadas con una participación de las familias en la delincuencia”, lo que perpetúa el estigma de ser percibidos como un problema o como una fuente de peligro. Esto puede generar sentimientos de aislamiento, soledad y baja autoestima, lo que dificulta su recuperación y bienestar psicológico, así como la dificultad de formar relaciones saludables y construir redes de apoyo social. Además, las desigualdades sociales basadas en el género o la etnia, pueden formar parte de una interseccionalidad de marginación que aporta al rezago social.

Es por ello que la solidaridad en la comunidad debe mantenerse presente para visibilizar y apoyar a los menores en orfandad, para garantizar el respeto de sus derechos humanos, su bienestar y desarrollo a largo plazo. Igualmente, debido a que el Estado se convierte en un sujeto que reproduce desigualdades, el fortalecimiento de mecanismos que incluyan estrategias integrales para el apoyo psicológico, económico y social, como es el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, debe atender la problemática a partir del reconocimiento de los menores y la responsabilidad pública y comunitaria de sensibilización y acciones concretas de apoyo.

Ignorar a los menores en situación de orfandad por feminicidio, es perpetuar la violencia que les arrebató a sus madres. No son casos aislados, son vidas condenadas a un duelo interminable por la negligencia de un Estado que no los ve y de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. La deuda con ellos no es solo moral, es histórica y cada día sin justicia es una condena más a una lucha silenciosa e invisible.

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Referencias

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