Ante las restricciones que han generado los Tribunales Estatales de los Estados Unidos para continuar con la exportación masiva que la administración Trump ha desarrollado desde su toma protesta, su gobierno ha formulado nuevas estrategias para suprimir los pocos derechos con los que las personas migrantes cuentan. Esta serie de medidas buscan que los migrantes por sí solos abandonen el territorio ante la imposibilidad de generar un desarrollo pleno con las oportunidades que puede ofrecer la nación.
La nueva medida permite a los órganos administrativos de Seguridad Social de los Estados Unidos clasificar como fallecidos a miles de migrantes en el territorio para restringir su acceso a trabajos dignos y regulados, y beneficios sociales otorgados por el Estado federal y estatal. El grupo poblacional más afectado por esta nueva estrategia es la comunidad latina, ya que la medida atenta contra políticas planteadas en el periodo de mandato del ex presidente Joe Biden.
Desde su reciente entrada en vigor se han registrado como nuevos descensos a 6,000 migrantes en el archivos federal de defunciones. Esta acción interrumpe, principalmente, la posibilidad de continuar con trámites gubernamentales y legales, lo que genera que las personas queden fuera de programas sociales básicos. En esta ocasión la orden no se emitió desde el Presidente, en su lugar la Asesora Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien avaló el documento que anunciaba la puesta en marcha esta reglamentación.
La iniciativa se sustenta principalmente en dos documentos, los cuales permiten que la institución gestora del Seguro Social incorpore a ciertos grupos de migrantes en la base de datos de fallecidos. Todo ello con una justificación que alega razones de seguridad nacional. En estos documentos se enuncian dos grupos sociales a los cuales se les imposibilita su estadía en los EE.UU., los cuales son:
- Migrantes que estaban incorporados en los programas de Seguridad Social Nacional, pero perdieron su estatus legal en el país.
- Quienes ingresaron al país a través de programas migratorios aprobados durante la Administración Biden, pero cuyos permisos ya expiraron.
Los memorandos atacan tres acciones de forma directa:
- Cancelación de permisos de trabajo.
- Inhabilitación de los beneficios del Seguro Social.
- Impedimento para renovar trámites migratorios o continuar con ellos.
Aunque hasta el momento se han registrado 6,000 nuevos deseos, el gobierno planea llegar a cerca de los 100,000, además que en primera instancia se centrarán en aquellos migrantes que tienen una denuncia o proceso penal ante autoridades estadounidenses.La preocupación de expertos en política no se ha hecho esperar, pues critican la legalidad de la medida. Finalmente, es de recalcar que esta iniciativa no llega sola, agencias como el FBI plantean incluir a su lista de vigilancia a las personas declaradas como “muertas”. Sin olvidar que la administración sigue revocando permisos migratorios, alienta la salida voluntaria, y sigue trasladando a cárceles de máxima seguridad fuera del territorio de EE.UU. a quienes se catalogan como criminales.
– Créditos a imagen destacada: Mariano Macz/EFE –