La promesa del esquema semipresencial en el Congreso mexicano fue garantizar continuidad del trabajo legislativo aún en circunstancias extraordinarias, específicamente esas causadas por la pandemia del 2020. Cinco años después, ese modelo —pensado como excepción— se convirtió en rutina y, según múltiples bancadas y registros públicos, hoy incentiva el ausentismo, la baja productividad y poca transparencia en el trabajo de los legisladores. Por eso, Movimiento Ciudadano pidió formalmente a Ricardo Monreal y a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que todas las sesiones regresen a la presencialidad obligatoria, argumentando que, así como millones de mexicanos volvieron al trabajo tras finalizar la emergencia sanitaria en mayo de 2023, todas y todos los legisladores también deben hacerlo. La coordinadora de MC lo sintetizó en una frase: “Representar es estar presentes”.
El reclamo ocurre tras una cadena de episodios que exhibieron el deterioro del estándar mínimo de presencia y profesionalismo. El caso más visible fue el del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado jugando pádel mientras sesionaba la Comisión de Presupuesto; poco después, esa misma comisión sesionó con un solo integrante de los 58 que la conforman. A la lista se sumó otro evento: un baile con la Sonora Santanera dentro del recinto legislativo al mismo tiempo que se llevaba a cabo una sesión ordinaria en el Salón de Plenos. Hechos como estos alimentaron la percepción y el enojo ciudadano de que el Congreso cada vez discute menos, rinde menos cuentas y desatiende las necesidades de interés público.
En datos, el ausentismo promedio en comisiones ronda el 30% en ambas cámaras, a pesar de que el formato híbrido facilita conectarse desde cualquier lugar. No solo eso, sino que incluso en algunas de las comisiones de la Cámara de Diputados hasta en el 80% de las sesiones se permite la asistencia virtual de legisladores.
Tres días después del incidente con Cuauhtemoc Blanco, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública volvió a sesionar en modalidad híbrida, sin que su presidenta acudiera a San Lázaro y con solo un diputado físicamente presente. El mismo día, la Comisión de Vigilancia de la ASF no tuvo a ninguno de sus 40 integrantes en el recinto y su presidente se conectó a distancia con el fondo difuminado. El 22 de octubre, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado sesionó únicamente con dos senadores presentes y el resto a distancia, la grabación incluso fue retirada de las redes sociales oficiales.
La asimetría de transparencia agrava el problema. En la página de la Cámara de Diputados no es posible determinar cuántas reuniones se realizan en modalidad híbrida, ni diagnosticar cuántos asisten presencial o virtualmente; los reportes públicos llegan solo hasta abril y sin detallar la modalidad. En contraste, el Senado sí publica listados de asistencia que distinguen pase de lista, si la sesión será presencial o híbrida y sentido de votación. La brecha entre la teoría y la práctica no es un tecnicismo: sin información, la ciudadanía no puede evaluar ni exigir correcciones en tiempo real.
Entonces, retomando la discusión, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Radabán recordó que los ciudadanos pagan impuestos y merecen que sus legisladores trabajen de manera congruente con su responsabilidad. Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO advirtió endurecer reglas de asistencia y Reginaldo Sandoval, legislador del PT, lo respaldó. Además señaló un problema de “analfabetismo tecnológico” en la mayoría de los diputados, otra razón para eliminar las sesiones virtuales legislativas.
Por ahora, las soluciones son más de disciplina y transparencia que de tecnología. No se trata de “regresar el reloj” sino de restaurar la seriedad e importancia del trabajo parlamentario a través de la presencialidad obligatoria, publicación en tiempo de listas de asistencia (presencial/virtual), actas, votaciones y sanciones proporcionales por faltas reiteradas. El objetivo es deliberar cara a cara, escuchar argumentos, conocer lo que se debate y construir soluciones para el bienestar común de manera verificable.