Ayer, representantes de las poblaciones indígenas de Oruro, La Paz y Potosí participaron en una audiencia pública en la Asamblea Legislativa boliviana, esto con el motivo de denunciar la contaminación que sufren los habitantes como consecuencia de la minería.
“Solo en el norte de La Paz tenemos indígenas que en los estudios de mercurio en el cuerpo han arrojado 6,9 partes por millón, cuando la OMS admite una por millón Pero desde el nivel central no hay políticas claras sobre esta situación. El pescado es la base de la dieta de los indígenas, pero está afectado con mercurio y al ser consumido es que los hermanos se contaminan. Estamos haciendo otros estudios para demostrar que la contaminación es real, que no es algo que los pueblos indígenas se inventan”
Vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz
Esto fue complementado con la situación que se vive en San Agustín de Puñaca de Oruro quienes recientemente han reportado que están experimentando los efectos de la contaminación mediante la inoxcicación por arsénico y mercurio.
En 2023 se realizó un estudio donde, de las 302 pruebas de cabellos hechas a las personas de seis territorios indígenas, se determinó que el 74,5 % de las muestras tienen niveles de mercurio por encima de lo permitido que es 1,0 partes por millón (ppm), lo que puede provocar dolores de cabeza, vómitos, diarreas y temblores.
Por parte de la población de otra población, la de Cantumarca, se ha reportado el incremento de la presencia del plomo en el aire, la cual se ha logrado encontrar en la sangre de tanto adultos como niños.
Los comunarios presentaron en la ocasión ocho pedidos, entre los que exigen un alto a las concesiones mineras, atención médica y un fondo de compensación:
- Cumplimiento inmediato e irrestricto de las sentencias y resoluciones Constitucionales relativas a la problemática así como asegurar una supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación.
- Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos.
- Instar al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas.
- Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible).
- Que se se garantice la implementación de mecanismos preventivos y medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar la integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción o acto que ponga en riesgo la seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación.
- Que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en los parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas.
- Ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes.
Como resultado final, la audiencia concluyó con un acuerdo entre los representantes de las comunidades y poblaciones indígenas afectadas con la Cámara de Diputados para abordar conjuntamente el problema de la contaminación minera y crear marcos legislativos de regulación de la actividad minera.
– Créditos a imagen destacada a: Chiquimia. L.–