Durante la noche del 31 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheimbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa aprobada por el Congreso el pasado 13 de noviembre. Misma con la que se amplía la lista de los delitos por la que tal medida debe de ejercerse. Esta reforma desde su anuncio y discusión ha sido cuestionada por especialistas en la materia, activistas y organizaciones tanto internacionales como del orden civil.
A pesar de las críticas, esta superó el proceso legislativo y entró en vigor el día primero de enero de 2025. Al mismo tiempo, se desarrolló el proceso sobre la elección de una nueva presidencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego de un corto período de discusión en las comisiones encargadas de esta designación, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta por el Senado de la República para un segundo periodo; mismo que terminará el en el año 2029. Este nombramiento fue señalado duramente, pues se le acusa a la funcionaria de impulsar la agenda política del partido oficialista en la comisión.
Con la publicación de la reforma, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un posicionamiento hacia esta acción, y le pidió al gobierno mexicano la eliminación de esta medida cautelar. Para la propia oficina, “la prisión preventiva oficiosa, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse”. Ya que “según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria”. Aunque esta postura no es nueva, desde el año 2018, el Alto Comisionado pidió esta misma consideración, petición que fue ignorada por el entonces gobierno del ex presidente Andres Manuel Lopez Obrador.
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido diversos comunicados donde se posiciona a favor de la ampliación de delitos merecedores de Prisión Preventiva Oficiosa. Adicionalmente, la recién presidenta reelecta en diversas ocasiones ha intervenido en los medios a favor de la estrategia de seguridad de la administración liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso enunciando que el discurso de los DD.HH. es usado es usado para “descalificar las acciones contra la inseguridad”.
Estos comunicados emitidos han sido criticados, pues se asegura que desde la comisión únicamente se está defendiendo al gobierno federal. Como ejemplo, durante el sexenio pasado, el organismo emitió menos del 1% de recomendaciones respecto al número de quejas presentadas contra la Guardia Nacional. En el último pronunciamiento de la comisión, esta pidió evitar “omisiones judiciales”, pues señaló que algunos jueces están coludidos con grupos delictivos o se alinean a intereses políticos y económicos. Y llamó al Poder Judicial a actuar con ética y responsabilidad en el uso de las nuevas herramientas que otorga la reforma.
Adicionalmente, la ONU-DD.HH. ha mostrado dura preocupación referente a la entrada en vigor de la nueva legislación, debido a que la considera violatoria de Derechos Humanos que se garantizan en diversos tratados internacionales, mismos de los cuales México es miembro. Entre ellos está la presunción de inocencia y la libertad personal. También ha expresado que medidas como las recién adoptadas por el gobierno federal vulneran el sistema de justicia y de seguridad pública.
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