Los Nadies: Crónica de una desaparición forzada en México

Foto: Huellas de la memoria / Iniciativa arte contra el olvido

En los últimos veinte años, México ha enfrentado una espiral de violencia sin parangón en nuestra historia contemporánea, generando una crisis en materia de seguridad y gobernabilidad. El panorama de conflicto interno ha derivado en expresiones crueles de la violencia criminal, como en el caso de las desapariciones forzadas con fines de explotación laboral y/o reclutamiento forzado. El yugo criminal se ha impuesto sobre miles de víctimas y sus familias, arrojadas al desasosiego de saber si un desaparecido se encuentra con vida o no.

En semanas previas, el descubrimiento de un predio a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara, conocido como Rancho Izaguirre, colocó nuevamente el tema de los desaparecidos en el centro del debate nacional. Particularmente, las cifras arrojadas por el gobierno federal, registran alrededor de 125 mil personas desaparecidas en México, la mitad de esa cifra tan sólo en la última década. Asimismo, el hallazgo mediatizó un modus operandi del crimen organizado para el reclutamiento forzado, bajo la fachada de ofertas de empleo en Jalisco y otras zonas de la República.

Destacadamente, tres grupos poblacionales de nuestra sociedad han padecido con ahínco la desaparición forzada bajo esos criterios, a saber, los jóvenes, las mujeres y los pobres. En la interacción de tales factores encontramos un perfil interseccional sobre el cual el crimen organizado ha puesto especial atención para el reclutamiento que, conjuntamente a las desigualdades fácticas, constituyen prácticamente una sentencia para esos segmentos poblaciones. Esta es la historia de Teuchitlán, Jalisco.

Para nadie es ajeno sostener que, las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo enajenan la vida humana y conducen a su alienación nominal. Antes que seres humanos, representamos recursos humanos a los que el sistema somete para concurrir al desarrollo económico; bajo la absurda premisa de que, tal desempeño redituara, consecuentemente, en los bolsillos propios. El mundo globalizado, la moral humana distorsionada y el capitalismo rapaz, han derivado en lo que Zygmunt Bauman denominó der Mann ohne Verwandtschafen (el hombre sin vínculos). Es decir, quien recorre los recovecos de la modernidad líquida, sin mayor reparo en sus vínculos humanos. Antes que una virtud, Bauman advierte una profunda contradicción entre la facilidad de descartar esos recursos humanos y las tensiones ocasionadas en función de tal disociación. 

Esas estructuras de dominación que, en principio, tienen motivaciones materiales, nos han hecho creer que somos fácilmente reemplazables, en tanto representamos la encarnación común de un payroll. Pero, decimos mal, porque si bien, todos estamos expectantes de dichas estructuras, nuestra agencia es distinta frente a tales fenómenos. Los hombres no padecemos de igual manera la hostilidad del patriarcado misógino; una persona indígena resiente con especial consideración el despojo de su tierra, como no lo hace quien advierte una nimia relación con el espacio que habita; incluso, frente a la crisis medioambiental, las respuestas son variopintas, como en el caso de quienes sugieren comprar purificadores de aire Dyson para impulsar la calidad del aire.

Una estructura adicional que nos recorre indiscutiblemente a todos, pero, que no ha sido discutida a profundidad, es la impuesta por el crimen organizado y, particularmente, la del narcotráfico. El tema, de absoluta actualidad en nuestro país, tomó singular relevancia mediática en semanas previas, debido al hallazgo de múltiples restos óseos en un centro de reclutamiento y adiestramiento, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El atroz descubrimiento, arrojó luz sobre un modus operandi para el reclutamiento forzado y la desaparición de personas, bajo un esquema de fraudulentas ofertas de empleo.

De la misma manera que con el resto de las estructuras de dominación, la ruptura de la dignidad humana que supone la existencia de prácticas criminales como la desaparición forzada, no son resentidas de la misma manera por todos. En paradójico escenario, quienes buscaban mejorar sus condiciones materiales de vida, resultaron víctimas dobles del sistema que no procuró su seguridad y bienestar, sino que, además, los orilló a los brazos de quienes lucran con la crueldad humana.

La desaparición forzada es un fenómeno de naturaleza pluriofensiva de derechos, extendida a través del tiempo que se desconozca el paradero de la víctima, o bien, de sus restos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que, tal fenómeno social representa una carga para los Estados, en cuanto hace a la investigación y las diligencias destinadas a ubicar a las víctimas. Los desafortunados casos hondureños, analizados por el pleno de la Corte IDH, sentaron las primeras bases jurisprudenciales para describir las características que integran la práctica, así como las responsabilidades que supone un caso de desaparición forzada para las autoridades (Corte IDH, 2019).

De manera particular, la región americana ha sido especialmente vulnerada por la inmoral práctica. Tan sólo baste mencionar la tradición de los regímenes autoritarios en el continente para el combate a la disidencia social, empleando el terror como política de Estado a lo largo del siglo XX (Informe Nunca Más, 1984; Informe Rettig, 1991; Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos – Instituto de Estudo da Violencia do Estado, 1996). 

México no ha sido la excepción, como lo prueba nuestro Registro Nacional de Personas Desaparecidas, instituido en 1952, con más de 120 mil registros hasta nuestros días, 120 mil personas que no han vuelto a casa, 120 mil historias que aún falta por contar. Particularmente, dos grupos de nuestra sociedad han resentido con especial consideración la desaparición forzada perpetrada por miembros del crimen organizado, a saber, los jóvenes y las mujeres. En 2006 la desaparición era un fenómeno padecido por un joven de cada 100 mil, ese mismo número ascendió a 29 hacia 2022. Para el espectro poblacional de mujeres jóvenes, la tasa de desapariciones se ubicó hacia 2013 en 32 mujeres por cada 100 mil. En ese mismo periodo, alrededor de 20 jóvenes, de entre 12 y 29 años, fueron desaparecidos diariamente (El Universal, 2022).

Como se ha hecho patente desde hace tiempo, el desaparecido es profundamente funcional al Estado, en tanto no representa un registro adicional en la cifra de asesinatos. El desaparecido es quien siempre estará en ninguna parte, aquel que se debate entre los espacios liminares de la vida y la muerte. Quien no puede siquiera gritar su propia muerte en los registros oficiales. No sólo la violencia generada por el crimen organizado representa un reto para la juventud mexicana, sino también, con especial ahínco, la precarización laboral a la que son arrojados hombres y mujeres jóvenes. Ser pobre, mujer y joven, es prácticamente una sentencia de muerte o desaparición en este país. Son los nadies que Galeano vaticinó: los hijos de nadie, los dueños de nada, los ninguno, los ninguneados. Jodidos y rejodidos, que valen menos que la bala que los mata.

Los últimos datos sobre desaparición forzada son poco menos que escandalosos. Desde el sexenio pasado, los desaparecidos han acumulado una cifra cercana a los 60 mil registros, de los cuales, alrededor de 7 mil registros fueron reportados en el actual gobierno. No cabe duda que el problema trasciende a las instituciones y las administraciones, no obstante, la atención que el Estado ha brindado ha sido deficiente, por decir lo menos. En agosto de 2022 se creó el Centro de Identificación Humana, para poder clasificar los 52 mil cuerpos humanos que desbordan las morgues, cuya capacidad de resguardo digno y decoroso está lejos de poder colmar la demanda. Porque a la crisis de desaparecidos y muertos, también la subyace una de tipo forense.

El Centro representó un hito para la lucha de cientos de colectivos que pugnaron por el establecimiento de una institución de carácter nacional que contara con capacidades operativas para hacer frente a la crisis forense. No obstante, hacia febrero de 2024, el mismo gobierno desmanteló la nómina en un 70% y dejó a un contador del Banco del Bienestar al frente del Centro. Un caso similar ocurrió meses atrás al interior de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde tras casi 5 años, su titular, Karla Quintana, fue removida del cargo junto a varios funcionarios expertos forenses. La salida de Quintana, reconocida por los colectivos de personas buscadoras, fue el resultado de su crítica al nuevo censo que el gobierno emprendió en agosto de 2023 para borrar, de un plumazo, miles de registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Para la doctora Sheinbaum, el tema no fue prioritario durante la campaña electoral y mucho menos en los primeros meses de su administración. Por el contrario, sólo los hechos de Rancho Izaguirre pusieron en el centro de la discusión nacional el tema de los desaparecidos, forzando al gobierno federal a emitir una postura al respecto. Por desgracia, ésta estribó, fundamentalmente, en invalidar los dichos de los colectivos de personas buscadoras y las imputaciones al gobierno y fiscalía locales. La argumentación también incluyó acusaciones de complot mediático, así como denuncias a los gobiernos de antes. Con ese panorama, hay quien se pregunta por el escepticismo de los familiares de las víctimas frente al actuar del Estado.

Pinta realizada frente a Palacio Nacional, durante la vigilia nacional por los desaparecidos. Marzo 2025..

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró en un predio identificado como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, a escasos 60 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con una llamada anónima, ahí estaba instalado un crematorio clandestino empleado por el CJNG. Los hallazgos del colectivo confirmaron las sospechas: múltiples restos óseos, un listado de pertenencias personales que, a finales de marzo, registra más de mil indicios y decenas de pares de zapatos.

Hasta unos días antes del hallazgo, el país entero no tenía presente el municipio, más allá de un pequeño sitio arqueológico que pasa desapercibido frente a la urbe jalisciense. Es comprensible, la espiral de violencia que padecemos nos ha arrojado a un mutismo ensordecedor, que opta por no reparar demasiado en los titulares: una fosa clandestina más, otro conato de violencia, un desaparecido más. Por aterrador que suene, ya nos acostumbramos.

En agosto de 2015, hace casi una década, a unos pasos de ahí, en otro predio que la prensa local nombró como narcorancho, elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) montaron un operativo para encontrar a dos personas desaparecidas cuando viajaban por la carretera Ahualulco – Etzatlán. En el Rancho Los Amiales encontraron los restos y el vehículo en el que viajaban las víctimas. La FGEJ tomó posesión del predio y, un año más tarde, comenzó los trámites administrativos para aplicar la extinción de dominio para Los Amiales y otros 22 inmuebles de la zona, presuntamente vinculados a actividades delictivas del CJNG. A pesar del acordonamiento, en febrero de 2017, un incendio consumió los pastizales de Los Amiales, imposibilitando mayores indagaciones en el predio.

En Rancho Izaguirre, la Guardia Nacional emprendió un operativo apenas en septiembre de 2024, para poder detener a una decena de personas y liberar a dos más que se encontraban privadas de la libertad. Sin embargo, el operativo no encontró indicios de los hallazgos hechos por Guerreros Buscadores de Jalisco, más allá de un cuerpo cubierto con plástico. Como si hicieran falta pruebas de las capacidades técnico – operativas de nuestras autoridades en materia de seguridad y sus debidas diligencias.

La toma aérea hecha por Ulises Ruíz Basurto, fotógrafo de la agencia AFP, nos da cuenta de la geografía del lugar. Dos caballos dorados dan la bienvenida a quienes no saldrán nuevamente por esas puertas. La primera construcción que se observa se encuentra a un costado de la barda perimetral, pareciera una pequeña casa habitación, con una ventana que da a la calle, aunque la fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto. Posteriormente, un cuartucho empleado como cocina, nos hace suponer que quienes habitan el espacio apenas son un puñado de personas, o bien, que las exiguas porciones dadas a los habitantes apenas requieren enseres.

Siguiendo el camino de terracería encontramos dos espacios más, una construcción ancha que destaca por su techo laminado, otra construcción que destaca por no estar techada. Ambos lugares parecen endebles y malicientos, el primero es para dormir, el segundo es para trabajar en el adiestramiento criminal. La hipótesis sobre la baja población al interior del predio cae pronto, ahí vivían decenas de personas, sus haberes personales abarrotan el limitado espacio entre colchón y colchón. En medio del predio se encuentran tres tazas de baño, insuficientes para quienes habitan el lugar, la fiscalía confirma: eran de uso exclusivo de los mandos.

Rancho Izaguirre se extiende varios metros más. Al fondo, tres espacios destacan sobre la panorámica. Una palmera, unas llantas pintadas de blanco y unos tubos delimitan un espacio adicional de adiestramiento. La última construcción del predio, que el amarillismo ha nombrado la “carnicería”, es un cuarto fétido otrora empleado para desmembrar, a punta de machete, a quienes no pueden continuar trabajando. Finalmente, un descampado apenas delimitado, funcionó como crematorio al aire libre. Para asegurar su eficacia, mediante la concentración de calor, dos pesadas placas de titanio cubren el hoyo en la tierra. Registros dentales, cráneos calcinados y cenizas no son prueba suficiente para los tres órdenes de gobierno y para quien se cuestiona si ahí hubo un crematorio. Ahí, la fiscalía del estado y la Guardia Nacional no reportaron algo que les llamara la atención cuando catearon el lugar en septiembre del año pasado, era un terreno baldío más de la zona.

Viene a la memoria la visita que el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, realizó a Tamaulipas. La región controlada por el Cártel del Golfo y, posteriormente, por los Zetas, sirvió en otros tiempos como fosa clandestina para cientos de víctimas. La comunidad El Mante, del municipio homónimo, Bartolina en Matamoros y Ejido La Joya en San Fernando, fueron testigos mudos de la aquiescencia de las fuerzas de seguridad del Estado ante las atrocidades cometidas. Hasta la fecha, las investigaciones sobre esos espacios de la infamia criminal siguen abiertas, aunque las causas penales apenas rondan la decena. Ahí, en Tamaulipas, la tradición oral dice que dejaron de escarbar para dejar de encontrar restos. Para nadie resulta ajeno sostener que, crimen organizado y Estado son dos caras de la misma moneda.

En Rancho Izaguirre, hasta el momento, seis lotes con restos óseos y cerca de mil indicios –sin contar los pares de zapatos– son el saldo oprobioso de la aquiescencia de las autoridades y el crimen organizado. Apiladas las historias personales, los sueños y, desde luego, el dolor de todo un país. La deshumanización y la impunidad acumuladas en Rancho Izaguirre no deberían ser olvidadas.

Desvalorada la vida, hasta el punto de concebirla un registro en algún listado gubernamental, las huellas pierden cualquier respeto por quien las dejó tras de sí. Antes que zapatos, mochilas y restos, son historias y familias azotadas por la expresión más inhumana de la violencia criminal: la desaparición forzada. No obstante, catálogos como el de Ángel Abundis, detallando los más de mil indicios de pertenencias personales de quienes perecieron en Rancho Izaguirre, representan un halo de esperanza para quienes buscan a una hija, madre, nieta. En la descripción de talla, color o marca de un vestido o blusa, esperan hallar a quienes un día simplemente no volvieron.

Sin ir más allá, en la misma semana que Teuchitlán tomó, nuevamente, relevancia nacional, grotescos espacios similares fueron descubiertos en Guanajuato y Tamaulipas. Con seguridad afirmamos que, si colocamos el dedo en algún espacio del territorio nacional, muy probablemente ese punto ha sido empleado como una fosa clandestina, un indigno crematorio o un centro de adiestramiento del crimen organizado. Esto puede ser constatado con los registros oficiales que, a pesar de sus limitaciones censales, producen pavor a quien los consulta.

Las narcofosas rondan ya la ominosa cifra de 5600, mientras que las universidades públicas apenas rondan las 1077. La falta de trabajo digno y decoroso, de educación asequible y de calidad, entre otras desigualdades, configuran la falta de un proyecto de vida entre los jóvenes mexicanos. Tal situación es aprovechada por el crimen organizado para asegurar el reclutamiento forzado de fuerza laboral. Facebook, TikTok e Instagram son algunas de las plataformas empleadas por los cárteles para enganchar a los jóvenes en una especie de leva digital.

Los testimonios sobre los múltiples modus operandi empleados por el crimen organizado para el reclutamiento forzado y, la consecuente desaparición, se cuentan por decenas. Uno de ellos fue recogido en la sentencia del procedimiento abreviado identificado con la carpeta 294/2017 del Juzgado de Control y Juicios Orales del VIII Distrito Judicial, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco (Consejo de la Judicatura, 2017).

En Jalisco, los anuncios de vacantes a ocupar como guardias de seguridad, volanteros, encuestadores u operadores de call centers, colman los postes y las paradas de autobuses. Ofrecen comida, casa y, en algunos casos, transporte hacia la zona metropolitana de Guadalajara para poder trabajar. El pago, 8 mil pesos mensuales netos, que representa el exorbitante sueldo para quienes el sistema ha marginado hasta el cansancio. Ante todo, la desaparición forzada es un problema de clase.

Entre el miedo y la desesperación.

En los días posteriores al hallazgo en Rancho Izaguirre, la narrativa presidencial aseguró el consecuente deslinde de responsabilidades, al tiempo que sostuvo que el predio se encontraba bajo resguardo de la fiscalía estatal, por lo que el gobierno federal no debía ser señalado por los hechos del caso. ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? se pregunta la sociedad enfrentada a la indolencia y la mezquindad de quienes nos gobiernan, los de ahora como los de antes, por mucho que renieguen.

Hace 11 años, durante una congregación en el Zócalo de la Ciudad de México, los manifestantes iniciaron la tradición del conteo de las víctimas, entonces hasta el número 43. Días antes, en septiembre de 2014, el Estado desapareció a 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuando se encontraban en la ciudad de Iguala. Hace algunas semanas, durante la vigilia por las víctimas de Teuchitlán, la gente contó hasta 400, como protesta por el número de zapatos hallados en Rancho Izaguirre. Ambas manifestaciones concluyeron los respectivos conteos clamando: ¡Justicia!

Sorprende, sin lugar a dudas, que el pasar del tiempo y los gobiernos, no haya hecho mella en la espiral de violencia que padecemos. Por el contrario, ahora los conteos ya no se limitan a las víctimas, sino a sus haberes, porque ya no queda claro el número ingente de mártires. Otra vez en el Zócalo, otra vez pidiendo justicia, otra vez exigiendo que aparezcan, a quienes vivos se los llevaron. Para pesar de todos, el reclamo de justicia es tan añejo y vigente en nuestras sociedades. No obstante, los zócalos no sirven para contener la indignación, porque el coraje siempre desborda.

En un extraordinario giro argumentativo, digno de cualquier film de Hitchcock, quien fuera secretario del Trabajo, en tiempos que García Luna tenía a su cargo la seguridad pública, mostró en el zócalo capitalino su airado malestar con la política gubernamental. En el polo contrario, quien ahora preside el Senado, famoso por vociferar la posición propia tan fuerte como se pueda, se atrevió a cuestionar si los zapatos pertenecen realmente a los desaparecidos. Una cosa queda clara: sin importar el color de sus corbatas, la tragedia es, para los políticos, insumo para el espectáculo que busquen montar. La mezquindad de los opuestos.

Más vergonzoso aún, resultó la producción anónima de quien se presume a sí mismo como integrante del CJNG; cuya narrativa se corresponde, extrañamente, con los tres órdenes de gobierno, desacreditando a los colectivos de personas buscadoras. Absurdamente, quien se disculpó por portar armas de uso exclusivo del ejército, cuestionó con qué derecho ingresaron a Rancho Izaguirre, si el predio se encontraba bajo resguardo oficial. Sólo faltó la mención del debido proceso y las violaciones a la propiedad privada. Sí son criminales, pero, aseguran, tienen códigos y respetan. El mundo al revés. Hasta guionizar una producción tan sosa, resultó una tarea compleja para el gobierno. 

Para afianzar los despropósitos, se emitió un decreto presidencial para que las autoridades cumplan, ahora sí, las obligaciones contenidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017. Fortalecer, garantizar y cumplir son los verbos predilectos de quienes ingenuamente creen que la búsqueda de personas desaparecidas se puede hacer detrás del escritorio burocrático. 

Entre quienes han desplazado a las autoridades para buscar a sus familiares desaparecidos, un grupo ha destacado por su presencia ante las fosas clandestinas, el de las madres buscadoras. El enojo y la desesperación las ha convertido en capitanas de una lucha, según nos dicen, para que todas puedan volver a ver a sus hijos. A pesar de su dolor, hay quien se atreve a cuestionar ¿por qué les buscan? A lo que ellas responden, serenamente ¡Porque les amamos!

Nadezhda Krúpskaya (2023) hace una interesante reflexión en torno a la toma consciencia de clase de mujeres obreras, por una vía dual y paralela. Para Krúpskaya, la mujer advierte su condición de opresión patriarcal cuando recibe un salario independiente que precisamente la libera de tal dominio. Paradójicamente, el sistema ejerce una nueva dimensión de sometimiento cuando se enfrenta a la clase patronal que acumula el fruto del trabajo ajeno. En el espacio social de la fábrica, la mujer se encuentra rodeada de sus pares —hombres y mujeres— a quienes les someten de igual manera. Por lo que, nos dice Krúpskaya, más que compañeros de trabajo, son compañeros en espíritu.

De la misma manera, las madres buscadoras han encontrado en sus pares su acicate y consuelo. Son hermanas del mismo dolor, el dolor de tener un hijo o hija desaparecida. Todas ellas comparten las sillas vacías de sus comedores desde hace años, meses y semanas. Juntas enfrentan al sistema indolente que, precisamente, coadyuvó para desaparecer a sus deudos y perpetuar permanentemente dicha condición. Ellas aseguran “nuestros gobernantes no tienen madre, pero, los desaparecidos sí”.

Misa para los difuntos y los desaparecidos en la parroquia del Señor de la Ascensión de Teuchitlán, Jalisco. Foto: Valente Rosas / El Universal.

Cuando tengan la tierra

Hace tiempo tuvimos que asistir a un panteón en función de devaneos vitales que ahora no vienen al caso. Tal visita dejó impronta a través de una inscripción, casi dantesca, sobre el itinerario humano en la tierra: Porque la mundanal grandeza en polvo aquí yace. Volvemos a ese verso funerario para cuestionarnos profundamente nuestras condiciones actuales de supervivencia, que no de vida. Cuál puede ser la grandeza del jóven masacrado por ir a pedir trabajo en un call center, cuál fue el delito de aquellos jóvenes que soñaron con una realidad distinta, por qué tenía que ocurrir, son algunas de las preguntas que cotidianamente se cuestionan los deudos de quienes no han vuelto. Bien haríamos en hacer lo propio, porque es un hecho que, ningún sueño debería verse truncado en un hoyo en la tierra.

En los rosarios, las notas de amor y despedida o los zapatos hallados en Rancho Izaguirre, encontramos el alma de las personas a las que el sistema doblegó. Con indiscutible vehemencia, los opulentos haberes dan cuenta de la hostilidad, la crueldad y el salvajismo del que fueron presas hombres y mujeres. Aquellos que únicamente tuvieron el ímpetu de sobrevivir el yugo que nos mantiene en un mutismo ensordecedor.

Frente a las puertas del cementerio jalisciense, que no camposanto, nos preguntamos ¿aquí empieza la eternidad para las víctimas? Nada más alejado de la realidad. Por paradójico que pueda parecer, nadie debería reducir sus honras fúnebres al polvo vejado de un agujero en el páramo desolado. Madres, hermanos, esposos, son arrojados violentamente a la disyuntiva de dejar de buscar, esperando que la agitada tierra no levante huellas de lxs desaparecidxs. Otros más, procuran seguir el rumbo de quienes un día no volvieron a casa, con la esperanza de dar con su paradero.Sólo cuando el polvo repose bajo el mármol engalanado con la prístina flor. Sólo cuando la muerte abandone su coaccionante sospecha y transfigure en realidad. Sólo cuando tengan la tierra, podrán, verdaderamente, descansar en paz. Para los cientos de colectivos de personas buscadoras esto está claro: no cesarán de buscar paz y justicia para sus deudos, aunque en ello se les vaya la chingada vida.

¡Cuando tengan la tierra!

• Betanzos, Mariana & Jiménez Laura (2024, 16 de septiembre), Ser joven, un peligro en México, El Universal, recuperado 03 marzo de 2025. Versión digital disponible en: https://interactivos.eluniversal.com.mx/2024/jovenes-desaparecidos/portada.html.
• Comisión Nacional de Protección a los Derechos Humanos (1993), Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras.
• Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1996). Informe Nunca más. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Buenos Aires, Argentina.
• Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos [et al] (1996). Dossie Dos Mortos e Desaparecidos Politicos a partir de 1964, Companhia Editora de Pernambuco, Goberno do Estado de Pernambuco, 1995 y Goberno do Estado de Sao Paulo, Brasil.
• Consejo de la Judicatura, Poder Judicial del Estado de Jalisco (2017). SENTENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO correspondiente a la CARPETA ADMINISTRATIVA 294/2017 formada por la judicialización de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN 5129/2017. Disponible en: https://storage.sentencias.cjj.gob.mx/repo/[object_Object]/162693-[object_Object]-294-2017-MATERIA_PENAL-2-SentenciaDefinitiva-1.pdf.
• Corte IDH (2019) Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CENADEH – CNDH & IIJ – UNAM, México. Versión digital disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39379.pdf.
• Figueroa Ibarra, Carlos (1999). Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Grupo de Apoyo Mutuo y Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, México.
• Krúpskaya, Nadezhda (2023). Escritos inéditos sobre la cuestión femenina. Ed. Mnemosyne.