La ciudad de Los Ángeles en California está viviendo una de sus semanas más tensas después de una serie de redadas migratorias federales que desataron manifestaciones masivas, enfrentamientos con las autoridades, toques de queda y un despliegue de tropas militares. El operativo fue llevado a cabo por parte de la administración del presidente Trump ante su narrativa contra la migración irregular. Asimismo, han resaltado las posibles violaciones a derechos civiles, humanos y leyes federales.
Desde la madrugada del 6 de junio comenzaron las redadas cuando los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Administración para el Control de Drogas (DEA), las dos últimas pertenecientes al Departamento de Justicia (DoJ) llegaron a detener a 44 personas. El operativo se extendió simultáneamente en las zonas céntricas de los condados de Fashion District y Westlake, donde hay una concentración significativa de migrantes y de quienes pertenecen a la mano de obra. Los oficiales comenzaron con las detenciones sin una orden judicial y de acuerdo con testigos de la zona, usaron fuerza desproporcionada y utilizaron drones para vigilar y cercar el área. Según activistas, la estimación de personas arrestadas es de 70 u 80 personas debido a que se limitó el acceso a tres abogados.
Por la tarde, se difundieron los hechos por redes sociales y miles de personas se reunieron para protestar contra el operativo afuera del edificio federal Edward R Roybal, donde se procesaba a las personas detenidas. Entre bloqueos a las entradas y daños materiales, llegó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a advertir a los manifestantes sobre su posible arresto si continuaban. En su supuesto de mantener el orden, comenzaron a lanzar gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma para dispersar a la multitud. En ese momento se difundieron dos versiones, una que acusaba a los agentes federales de detener a cientos en las manifestaciones, hasta menores de edad en el sótano del edificio y con medidas inhumanas. Y por otra parte, el vocero de ICE, Daniel Watson, mencionó:
“La agencia refuta categóricamente las afirmaciones hechas por los activistas de migración de Los Ángeles”.
A raíz de los enfrentamientos y la difusión de videos en redes sociales, el gobierno local respondió con medidas de contención. El 7 de junio, la alcaldesa Karen Bass declaró toque de queda en varias zonas del centro de Los Ángeles, argumentando la necesidad de preservar la seguridad pública. Sin embargo, lejos de calmar la situación, las medidas avivaron las protestas en barrios como Boyle Heights, Compton, Koreatown y Paramount. En estos puntos, organizaciones migrantes, colectivos LGBTQ+ y vecinos salieron a denunciar lo que llamaron una “militarización de la ciudad”. Esto ocurrió después de un rally de manifestantes a donde llegaron las fuerzas policiales a lanzar gas lacrimógeno.
El 8 de junio, el presidente Trump ordenó el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional y 300 marines para resguardar instalaciones federales y para controlar lo que lo que él llamó:
“Multitudes insurreccionistas violentas de internet”
Esto fue percibido como una provocación por parte del gobierno estatal pues el gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue como una “violación del principio de soberanía estatal” y anunció que su administración presentará una demanda federal argumentando que la intervención vulnera el Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas con fines de represión civil.
Hasta el 10 de junio se han confirmado más de 370 arrestos, incluyendo activistas, migrantes sin papeles, estudiantes y periodistas independientes. La American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, restricciones al acceso legal y condiciones de detención degradantes. Por otro lado, la Casa Blanca ha defendido las acciones afirmando que se trata de un operativo para “garantizar el cumplimiento de la ley migratoria y proteger la seguridad nacional”. Mientras tanto, otros estados han planeado o están llevando a cabo protestas en contra de las redadas de DHS y ICE como Boston en Massachusetts, Chicago en Illinois y San Antonio en Texas.
Entre perspectivas fragmentadas de las autoridades federales y estatales se ha vulnerado el bienestar de cientos de personas, muchas de ellas migrantes que trabajan día con día por una vida mejor en Estados Unidos. Mientras las instituciones se culpan entre sí y los discursos políticos se endurecen, son las familias trabajadoras, los jóvenes detenidos sin representación legal y las comunidades históricamente marginadas quienes pagan el precio más alto. Lo ocurrido esta semana en Los Ángeles no sólo pone a prueba el sistema migratorio, sino también los principios democráticos del país, su respeto por los derechos civiles y su capacidad para garantizar justicia en tiempos de crisis.