La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido un fallo histórico que ordena la liberación y la definición del estatus migratorio de 28 migrantes, incluyendo 13 menores, que fueron deportados a territorio costarricense por el gobierno de Donald Trump. Con ello se da un paso en pro de los derechos de las personas migrantes en el territorio y sienta una base relevante para otros países.
La resolución, publicada el martes 24 de junio de 2025, otorga un plazo de 15 días a la Dirección General de Migración y Extranjería para cumplir con la medida, sentando un precedente significativo que podría evitar futuros acuerdos migratorios entre naciones que atenten contra la libertad y otros derechos fundamentales de las personas.
Estos migrantes, en su mayoría provenientes de Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos y africanos, fueron trasladados a Costa Rica en febrero de 2025 siguiendo un acuerdo bilateral entre la administración Trump y el gobierno del presidente Rodrigo Chaves. A su llegada, estas personas fueron recluidas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), ubicado a 360 km al sur de San José, en la frontera con Panamá.
El recurso de amparo y hábeas corpus, siendo ello un medio que permite la verificación de la legalidad de un arresto, fue promovido en marzo a favor de los migrantes. Este alegaba que las autoridades costarricenses les habían retirado sus documentos de identidad, limitado su contacto, no les informaron adecuadamente sobre su situación migratoria y no les ofrecieron la solicitud de refugio. Aunque en abril se flexibilizó su confinamiento, las organizaciones de DD.HH continuaron señalando una violación a los principios humanitarios.
La sentencia No. 2025-19485 de la Sala Constitucional, misma que reconoce la decisión soberana de Estados Unidos sobre su política migratoria y la admisión por razones humanitarias por parte de Costa Rica, determinó que hubo omisiones y acciones que lesionaron el derecho fundamental a la libertad y otros derechos conexos. Se destaca la falta de información oportuna sobre el estatus migratorio, el acceso a asesoría legal y la posibilidad de solicitar refugio.
La Corte no sólo exige la liberación de los migrantes aún detenidos, sino que también ordena a las autoridades costarricenses coordinar con las entidades públicas pertinentes para evaluar las necesidades de cada persona en términos de salud, educación, vivienda y asistencia social. Este aspecto subraya el compromiso de la sentencia con el bienestar integral de los individuos.
La resolución se dio un día antes de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se reunirá con el presidente Chaves y recorrerá el centro de detención temporal migratorio “Los Lagos”. Este contexto añade aún más relevancia al fallo, que resalta la importancia del respeto a los Derechos Humanos en los acuerdos migratorios internacionales.
Cabe destacar que, si bien la mayoría de los magistrados falló a favor de los migrantes, Fernando Castillo, Luis Salazar y Anamari Garro salvaron el voto, argumentando que los tutelados ingresaron legalmente al país por razones humanitarias y la limitación de su libertad estaba justificada dadas las condiciones excepcionales y de vulnerabilidad. Sin embargo, la decisión mayoritaria prevaleció.
– Créditos a imagen destacada: Randall Sandoval –