Desde el 2 de diciembre hasta el 13 de diciembre del presente año la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha tenido una audiencia respecto a las obligaciones que tienen los Estados en relación al cambio climático y las implicaciones que vienen con esas obligaciones. Siendo las dos preguntas centrales que se buscan responder las siguientes:
1. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente contra las emisiones antropogénicas [causadas por el hombre] de gases de efecto invernadero para los Estados y para las generaciones presentes y futuras?
2. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones para los Estados cuando, por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente, con respecto a:
a. Los Estados, incluidos en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, que por sus circunstancias geográficas y su nivel de desarrollo se ven perjudicados o específicamente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos?
b. ¿Los pueblos e individuos de las generaciones presentes y futuras son afectados por los efectos adversos del cambio climático?
Según la página de noticias de las Naciones Unidas, este es el caso más grande que la corte ha tomado debido a la existencia de 91 declaraciones escritas y 62 comentarios escritos sobre las declaraciones, siendo que se han involucrado dentro del proceso un aproximado de 97 Estados y 11 organizaciones internacionales. Además, se destaca la importancia de esta audiencia, sobretodo tras el resultado dado de la COP 29 con la Nueva Meta Colectiva Cuantificada sobre el financiamiento para el cambio climático que fue muy criticada por solo proporcionar 300,000,000 millones de dólares en lugar de la meta de 1.3 billones que se esperaba.
El país que lideró la petición hacia la corte fue la nación oceánica de Vanuatu, quien logró liderar una coalición conformada por 132 Estados para lograr una resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la audiencia de opinión consultiva no vinculante por parte de la CIJ el 29 de marzo de 2023.
Dentro de lo sucedido esta semana México tuvo una participación. La delegación mexicana destacó la importancia de complementar los tratados internacionales sobre el cambio climático con otras normas internacionales, incorporando tanto una perspectiva de género como una consideración hacia los derechos humanos. Asimismo, la delegación argumentó la necesidad de reparar pérdidas y daños centrándose en el cómo los Estados comparten responsabilidades pero necesariamente diferenciadas, una de ellas, la de prevenir daños ambientales y el derecho de las personas a un medio ambiente saludable y equitativo para las generaciones futuras. Por último, México destacó la importancia de responsabilizar a los Estados cuando no cumplen con sus obligaciones, enfatizando la necesidad de garantizar medidas de reparación justas.
Finalmente, algo a destacar es el hecho de que la delegación mexicana incluyó los argumentos de grupos como “World ‘s Youth for Climate Justice” y Nuestro Futuro, quienes abogaron por la integración de las juventudes en sus argumentos para la justicia climática.
– Créditos a imagen destacada: International Court of Justice –