Everything Everywhere All at Once

Foto: AFP

Nos encontramos frente a una época convulsa, difícil de describir y más aún de interpretar. Hace poco leí un balazo en el periódico que aseguraba: “Hitler gana las elecciones en Perú pese a objeciones de Lenin”, más allá de lo cómico e intrigante de la nota, éste me hizo recular en la frase “somos la generación del meme: malestar emocional, mental y económico”. Una cosa es cierta: la terrible realidad nos ha arrojado a un quietismo casi psicodélico.

Como si se tratara de un guión de Zemeckis, estamos absortos por la fascinación que nos produce el desarrollo tecnológico. Es cierto que aún no tenemos autos voladores, patinetas flotantes o sneakers autoajustables, pero, nuestro futuro es más aterrador que ser devorados por un holograma de tiburón.

En nuestro futuro, la inteligencia artificial desplaza la creatividad humana en las artes, la literatura e, incluso, las tareas escolares. Las plataformas digitales han convertido a sus desarrolladores en actores globales profundamente poderosos, dispuestos a todo por conseguir mayores réditos y participación en sus respectivos mercados. Éstos disponen de activos de capital que tienden al infinito, a saber, conocimiento e información.

En la práctica, esto se traduce en la capacidad operativa para manipular el discurso público; orientar o censurar narrativas y, fundamentalmente, formar identidades en el entorno digital a través de la consolidación de preferencias en un algoritmo. Esta cuota de poder está afianzada gracias a la concupiscencia de regulaciones laxas y tendenciosas, diseñadas por los poderes legislativos y legitimadas por los poderes judiciales de nuestras democracias.

Baste recordar el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de la plataforma digital de origen chino, Tik Tok. El ocurso fue levantado por la impugnación de ByteDance Ltd. –dueña de Tik Tok– en contra de una ley creada ex profeso para despojar a la transnacional china del control de la plataforma y de sus activos, invocando el argumento de amenazas a la seguridad nacional.

La Corte, en una opinión Per Curiam, determinó que el interés de la seguridad nacional no constituye una violación a la libertad de expresión –argumento promovido por la parte actora en torno a la Primera Enmienda–, por lo que su aplicación es constitucional.

La Corte Suprema realizó un escrutinio intermedio para concluir que, el interés gubernamental por la seguridad nacional promovido en la ley impugnada, cuyo diseño prevé la imposición de restricciones inusualmente amplias, no vulnera la libertad de expresión, en tanto dichas restricciones no están dirigidas al contenido generado en la plataforma por los usuarios.

Por el contrario, la medida gubernamental busca incidir sobre el intercambio de datos y las garantías de seguridad. En los hechos y el derecho, el gobierno de Estados Unidos diseñó una regulación adicional a su marco normativo, únicamente para proscribir la participación de mercado de una empresa china.

Es cierto que el espacio idóneo para que las empresas del sector tecnológico puedan desenvolver su expertise es el digital, pero, esto no se traduce en el abandono de su matriz material. Amazon necesita bodegas para almacenar sus productos, Meta y Google requieren energía para que sus servidores funcionen y Apple demanda manufactura barata para sus dispositivos. Por mencionar una obviedad.

Los CEOs y CFOs son conscientes de la necesaria armonía entre el gobierno –cualesquiera que sean sus representantes– y el éxito de sus proyectos. Apenas hace un par de meses, durante la toma de protesta de Donald Trump, la rotonda del Capitolio vio desfilar a figuras como Jeff Bezos, CEO de Amazon; Sam Altman, CEO de OpenAI; Shou Zi Chew, CEO de Tik Tok; Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Sundar Pichai, CEO de Google; Tim Cook, CEO de Apple y; Elon Musk, CEO de X y Tesla, quien acompañó a Trump desde el inicio de la campaña presidencial del republicano.

Como si hicieran falta pruebas de la peligrosa relación entre los hombres más ricos del mundo y el hombre más poderoso del mundo libre.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AFP

Resulta evidente que, la actividad empresarial se identifica mayoritariamente con la derecha política, pero, para el pragmatismo tecnológico digital esto es fundamentalmente intrascendente. Más intrascendente resulta la legislación y los gobiernos cuando éstos no se alinean al modelo de negocios de empresas de contenido tecnológico.

Tal fue el caso de la disputa protagonizada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil y Starlink, proveedor de internet satelital, propiedad de Elon Musk. El conflicto surgió en torno a la supuesta censura cometida en contra de usuarios de la red X, identificados como partidarios del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, representante de la ultraderecha en el Cono Sur y América Latina.

Sucintamente, la confrontación se desarrolló como consecuencia de bloqueos judiciales de cuentas de X, giradas por el magistrado Alexandre da Moraes, juez del Supremo de Brasil, esto con el fin de “proteger la democracia”. Para Musk y miembros del GPO en la Cámara de Representantes, la medida vulnera la libertad de expresión, por lo que desacataron las medidas cautelares.

Esto, a su vez, desembocó en el bloqueo de X en Brasil a lo que Musk respondió levantando el bloqueo con su proveedor de internet satelital, Starlink. El Supremo respondió congelando los activos de Starlink en Brasil, lo que  obligó a Musk a acatar el bloqueo de X en septiembre pasado.

El debate brasileño entorno a la libertad de expresión y el revuelo socio político orilló al Congreso de Brasil a congelar el proyecto legislativo en contra de la desinformación en Internet; asimismo, el Supremo Tribunal Federal adelantó que discutirá una demanda que versa sobre la ley de Internet de Brasil, porque cuando la presión mediática entra por la puerta del juzgado, la justicia sale por la ventana.

Más allá del florido intercambio, la disputa entre el estado brasileño y Elon Musk nos permite advertir los inconvenientes derivados de la regulación de corporaciones transnacionales, particularmente aquellas cuyos activos tecnológicos les permiten sortear los mecanismos tradicionales de regulación.

Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

No debería de sorprendernos que la clase política desconozca los retos de la administración pública y las innovaciones tecnológicas, tal y como lo demostraron las vergonzosas comparecencias de CEOs ante las comisiones de la Cámara de Representantes. Antes que una buena noticia, nos debería preocupar que nuestros gobiernos no sean capaces de entender la magnitud del problema, mucho menos vislumbrar una posible solución.

Una situación similar ha venido ocurriendo en Venezuela desde agosto pasado, cuando el gobierno de Nicolás Maduro suspendió la actividad de X en el país bolivariano, a través de un punto de cuenta hecho por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El conflicto, surgido en torno a las dudosas elecciones presidenciales del año pasado, comenzó por el apoyo que Elon Musk mostró al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, acusando de fraude y sabotaje al Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

Posteriormente, en diciembre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, falló en contra de Tik Tok, por una supuesta negligencia en su operación, al no establecer medidas para evitar la publicación de contenido peligroso para menores de edad en la red social. Lo anterior, debido a una serie de denuncias de estudiantes intoxicados por seguir un reto llamado Chroming, que consiste en inhalar sustancias tóxicas para volverse viral.

El gobierno venezolano reportó al menos 200 casos de jóvenes intoxicados y, hasta el momento, 3 fallecidos. El Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz, representando a los afectados, acudió a la Sala Constitucional del Supremo para pedir la protección de las infancias venezolanas. En una sentencia inusual, el Supremo ordenó a Tik Tok abrir oficinas en Venezuela, dado que su matriz regional se encuentra en México, para responsabilizarse por las víctimas.

Asimismo, se impuso una multa de 10 millones de dólares para crear un fondo de reparación para los jóvenes afectados y sus familias. Es de hacerse notar que, los testimonios, así como las presuntas víctimas no se conocen públicamente, por lo que existe una duda razonable de que la sentencia del Supremo traiga consigo un ímpetu por censurar a la plataforma china.

Es un hecho que, en nuestro tiempo, el rápido desarrollo tecnológico tiende a superar con creces las regulaciones preexistentes en la materia; esto, a su vez, se traduce en una gobernanza tecnológica y digital que está lejos de ser armónica.

Para las empresas de activos digitales y tecnológicos, esto supone condiciones óptimas para la inversión y sus respectivas utilidades, sin embargo, deberíamos preguntarnos cuáles son las consecuencias no deseadas del relajamiento de nuestros marcos normativos en la materia.

Peor aún, cuáles son los despropósitos de una reglamentación legislada ex profeso para favorecer a ciertos intereses corporativos, al tiempo que perjudica a otros. Tales prácticas, por si fuera poco, desvirtúan los principios liberales sobre los cuales se construyeron los sistemas democráticos en Occidente.

En paradójico escenario, la clase política revira el nacionalismo azuzado y la prédica del proteccionismo comercial, mientras declara al liberalismo económico como condición de posibilidad para el bienestar social; entre tanto, desafían los principios democráticos del respeto irrestricto a los derechos humanos, siguiendo la prescripción de la derecha más conservadora y reaccionaria. Everything Everywhere All at Once… En esas manos hemos dejado el futuro. New plan? To go mad!

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