El lamentable caso de la niña queretana de 14 años que fue víctima de violación y acusada de homicidio calificado, a causa de un aborto espontáneo, se mediatizó rápidamente y llamó la atención de millones de mexicanos. Este es el caso de Esmeralda.
Esmeralda, fue sentenciada a principios de la última semana de octubre, por la fiscalía de Querétaro, uno de los estados más conservadores del país. La sentencia, que la encontraba culpable por homicidio de su propio hijo, dictaba que tendría que pasar 3 años de prisión y pagar una indemnización de medio millón de pesos a su violador.
Esmeralda fue víctima de abuso sexual por parte de un primo, 3 años mayor que ella, hace aproximadamente un año. Aunque su familia presentó la denuncia por violación, el caso fue desestimado, dado que faltaban detalles como la fecha y hora de la agresión. La niña no supo que estaba embarazada hasta que, meses después, padeció una hemorragia y tuvo que asistir de emergencia al hospital, donde los médicos se dieron cuenta y, dada la legislación del estado, tuvieron que denunciar el aborto espontáneo ante las autoridades.
La sentencia se fundamenta en la deficiente investigación que tenía datos inexactos y contradictorios. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República afirma que según un estudio médico, el bebé de 36 semanas nació vivo y murió por estrangulamiento. Mientras que, la Fiscalía de Querétaro sostiene que el parto fue fortuito, es decir inesperado, y el feto había nacido ya sin vida.
El hecho se hizo rápidamente controversial y generó que las autoridades se proclamaran al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “No se debe criminalizar [el aborto], menos a una niña de 14 años”. El problema radica en que, a pesar de que el aborto fue despenalizado a nivel nacional desde septiembre del 2023, muchos estados no se han dado a la tarea de actualizar sus códigos penales para legalizarlo. Este es el caso de Querétaro.
Por su parte, la titular de la recién creada Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández dió a conocer que después de una mesa de diálogo con el Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, la menor no sería acreedora de ningún tipo de sentencia. Además se dió a conocer cúal será el plan de acción que dará seguimiento al caso de Esmeralda:
- Tanto el gobierno de Querétaro como el gobierno nacional acompañarán de forma integral a la niña con el fin de que “su desarrollo sea en paz, con bienestar, en la escuela y soñando un futuro mejor”.
- Se firmará un convenio para capacitar a la fiscalía en perspectiva de género.
- Se abrirán procesos en contra de los servidores públicos que hayan fallado o hecho omisión al caso desde un inicio.
- Se hace una exhortación urgente al Congreso de Querétaro para actualizar sus códigos penales y despenalizar el aborto.
Igualmente, el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri anunció que su administración pondrá en marcha “programas de prevención de violencias, educación y formación de valores, entre otros, que ayuden a las familias queretanas a vivir en paz”.
Otro tipo de actores también se ha mostrado preocupados por la falta de perspectiva de género y de infancia en el caso. La organización “Rebeldes con causa”, creada por diputadas con el fin de impulsar una vida libre de violencia, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la democracia paritaria, exigió un juicio político contra el fiscal que sentenció a la niña de 14 años. De igual forma, se pide que sea removido de su cargo.
Por otra parte, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), instó a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho a la protección que requiere un caso como el de Esmeralda. Recordaron la importancia de no revictimizar ni criminalizar a la víctima, así como trabajar en pro de la reparación integral y la justicia.
En resumidas cuentas, el caso de Esmeralda sirve como ejemplo de la violencia que sufren las mujeres ante un sistema que carece de perspectiva de género y de infancia. Esmeralda fue uno de esos 6 de cada 100 delitos que se denuncian. Desafortunadamente, 90% de los abusos sexuales que sufren las niñas en México, son cometidos por familiares o personas cercanas a ella.
En ese entendido, es primordial demandar la pronta despenalización del aborto en cada estado de la república, dado que a nivel federal ya esta hecho, y con esto incentivar la educación sexual en las áreas más vulnerables del país para garantizar que una sentencia como la de Esmeralda no vuelva a ser tolerada. La formación de los funcionarios públicos, tales como el personal médico, los médicos legistas, docentes, fiscales, y más, en temas de violencia de género y desigualdad sería el siguiente paso.