Por su ubicación geográfica y características geológicas México es un territorio que se ha caracterizado por su alta vulnerabilidad a desastres naturales. Históricamente, la respuesta a estas crisis no ha sido solo un desafío humanitario y logístico, sino también representa un momento para la reconfiguración de la relación entre el Estado y la sociedad y el avance de nuevos modelos de clientelismo disfrazados de bienestar.
Durante el periodo 2018-2025 se ha observado una transformación radical en el modelo de gestión de desastres. Esta investigación sostiene que dicha transformación se ha visto marcada por el desmantelamiento de estructuras institucionales y su reemplazo por un modelo de entrega directa y centralizada de la ayuda que más allá de contribuir al bienestar social, se centra en el clientelismo político.
Dicha acción no ha sido un simple acto administrativo, sino que responde a una estrategia deliberada que, bajo una narrativa de combate a la corrupción, optimiza el uso de la ayuda humanitaria como una herramienta de comunicación social y asistencia focalizada para la construcción de lealtades electorales en regiones y grupos estratégicos.
El pilar de la estrategia implementada en este sexenio fue la extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en octubre de 2020. El argumento central presentado a la población, mismo que fue difundido extensamente, fue que el FONDEN era un mecanismo opaco y una “caja chica” para la corrupción, apoyando la narrativa social general del oficialismo.
Existen datos que sustentaban parcialmente esta narrativa, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había señalado irregularidades. Entre las cifras destacadas se encuentra el el incumplimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la reconstrucción de viviendas por 14.4 millones de pesos, o el posible daño al erario por 432 millones de pesos nunca fueron ejercidos en Tabasco.
Este hecho alimentó una percepción social de desconfianza que fue hábilmente utilizada. Sin embargo, el gobierno usó esta justificación para centralizar el control de los siguientes programas de atención a la población en desastres, y no para reestructurar un modelo de resiliencia comunitaria o mejorar la fiscalización social.
Si bien el FONDEN fue un modelo imperfecto, operaba bajo reglas que obligaban a cofinanciar la reconstrucción de infraestructura pública y el apoyo a las comunidades. La eliminación del FONDEN dio paso de entrega directa gestionado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas.
Este nuevo esquema se consolidó con el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PB-PESN). Un análisis de México Evalúa en 2021 señaló que mientras el FONDEN destinó en promedio solo el 10% de sus recursos a apoyos en especie y el 90% a infraestructura, el nuevo PB-PESN abandona el financiamiento de rubros de reconstrucción para disparar el gasto en apoyos directos.
El cambio de un modelo de reconstrucción a uno de transferencias directas obedece a una lógica de impacto social directo comprobada. Estudios previos al año 2018, como los analizados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Senado sobre el impacto social del FONDEN, arrojaron que la reconstrucción de bienes públicos no genera una percepción positiva inmediata en la población.
Incluso se comprobó que la gestión local era mal evaluada, pues la población penalizaba la falta de prevención. En cambio las transferencias directas sí son bien recibidas por parte de la población afectada. El mismo estudio estimó que por cada 100 pesos en transferencias directas, la aprobación de la gestión aumentaba en 4.7 puntos porcentuales
Este cambio de paradigma es fundamental desde una óptica social, pues el modelo del FONDEN, con sus fallas, invertía en bienes públicos que aunque de lenta percepción, construía resiliencia colectiva a largo plazo. Mientras que el nuevo modelo prioriza el bienestar individual inmediato, generando una gratificación instantánea pero sacrificando la infraestructura que mitiga la vulnerabilidad futura de la comunidad en su conjunto.
El gobierno al eliminar el FONDEN y centrarse en el PB-PESN aplicó esta lógica, abandonó la inversión de bajo impacto social percibido y maximizó la inversión de alto impacto inmediato, que además puede ser operada por grupos que centralizan la percepción social y comunitaria, y son de fácil coordinación como los “Servidores de la Nación”.
El impacto del Huracán Otis en Acapulco durante octubre de 2023 fue el primer gran experimento social del modelo, y expuso la dualidad de la estrategia: mostró una respuesta humanitaria deficiente, pero una operación de comunicación social y asistencia directa robusta que impactó de forma directa en los grupos más vulnerables, al mismo tiempo que sumó votos para el partido oficialista.
La imagen inicial fue la del colapso social ante la lentitud de la respuesta, pues la falta de un fondo y la centralización generaron un vacío de ayuda crítica. Este vacío representó la ruptura temporal del pacto social, pues testimonios documentaron la falta de agua, alimentos, y el aumento de la vulnerabilidad y el miedo, contrastando con la narrativa pública.
Sin embargo, posterior a la inacción, la respuesta gubernamental se articuló en ejes como la comunicación y el censo. El gobierno centró su métrica de éxito no en la reconstrucción, sino en el número de personas atendidas. El mensaje oficial se enfocó en la entrega de productos básicos y la presencia militar, presentada como un acto de solidaridad social directa.
En el mismo sentido, la herramienta clave fue un censo realizado por los Servidores de la Nación. Este mecanismo, en lugar de ser una evaluación técnica de daños, se convierte en un acto de intermediación social controlado y evaluado de forma directa para atraer resultados electorales. Como ya se explicaba, este censo es la materialización de la asistencia focalizada.
Así, transforman el derecho ciudadano a la protección en un apoyo condicionado otorgado a través de una estructura vinculada al gobierno central. Esto no solo genera gratitud, sino que fomenta una dependencia social que puede ser interpretada como una forma de clientelismo, debilitando la autonomía comunitaria. El informe de Integralia Consultores para 2025 identifica precisamente esta intermediación social como un factor de vulnerabilidad clave.
Esta estrategia de intermediación no solo debilita la autonomía comunitaria, sino fractura el tejido social. Cuando la ayuda no se distribuye bajo criterios técnicos, si no mediante operadores políticos se fomenta la desconfianza entre los propios afectados. Así, la solidaridad interna se ve reemplazada por la necesidad de lealtad a la estructura que gestiona los apoyos.
A largo plazo esta dependencia no se reduce, en cambio profundiza la vulnerabilidad de la comunidad. Al abandonar la inversión en infraestructura duradera por las transferencias directas se deja a la población en el mismo estado de indefensión física y moral ante futuros desastres. Esta vulneración administrada en lugar de generar resiliencia, crea un ciclo de dependencia, requiriendo la intervención misma política en la siguiente crisis para sobrevivir.
El desmantelamiento del FONDEN en 2020 no fue un acto de saneamiento financiero y combate a la corrupción, sino una decisión estratégica para optimizar socialmente los recursos de desastres y reconfigurar la estrategia electoral. Estrategia que hasta este momento ha resultado sumamente efectiva para la aprobación del gobierno en turno.
Al sustituir un modelo basado en reglas de reconstrucción por un programa de transferencias directas, el gobierno prioriza la lógica de la asistencia directa sobre la infraestructura. El Huracán Otis fue la prueba fehaciente de que la gestión de desastres, la comunicación social y la operación de ayuda son ahora las herramientas principales, convirtiendo la tragedia en capital social y posicionandolos sobre el bienestar social y la resiliencia comunitaria.
Créditos de la imagen: France 24
Referencias:
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