Tras dos días de bloqueos carreteros y protestas simultáneas en más de 20 estados del país, el Gobierno federal alcanzó durante la madrugada de este pasado miércoles 29 de noviembre un acuerdo con los productores de maíz del Bajío, lo que permitió liberar gran parte de las vías tomadas por tractores, cosechadoras y camiones agrícolas.
El pacto, firmado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y representantes de agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, establece un apoyo de $950 pesos mexicanos por tonelada de maíz, además de la creación de un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización que buscará estabilizar los precios y reducir la dependencia de intermediarios.
Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el subsidio se otorgará directamente a los campesinos, como medida para mitigar la caída del precio internacional del grano.
“Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz” – Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a partir del minuto 23:00
De acuerdo a Berdegué, el diálogo se extendió hasta las primeras horas del miércoles y se llegó al compromiso de liberar todas las carreteras bloqueadas, los cuales incluían:
La Carretera Federal 15 en Sinaloa, donde se tomaron las casetas de Cuatro Caminos, El Pisal, Costa Rica y San Miguel Zapotitlán, paralizando por más de 60 horas el tránsito hacia la frontera norte.
En Guanajuato, los bloqueos en la Autopista 45D (Salamanca–Celaya–León) y la 43D (Salamanca–Morelia) detuvieron el flujo en el corredor industrial del Bajío, afectando el transporte de mercancías y materias primas. Mientras tanto, en Michoacán, los cierres en la Autopista Maravatío–Zapotlanejo y la Carretera Carapan–Playa Azul interrumpieron el traslado de carga desde el Puerto de Lázaro Cárdenas.
En conjunto, estos bloqueos generaron, además de congestión vehicular, retrasos logísticos, pérdidas económicas en transporte y comercio, y afectaciones en la distribución de alimentos y combustibles, por lo que el levantamiento de las protestas llevó al Gobierno federal a priorizar su liberación.
Trabajadores agrícolas anuncian nuevas movilizaciones. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Causas y contexto del conflicto
El conflicto se originó por la caída del precio del maíz, que pasó de más de 7,000 pesos por tonelada a un promedio actual de 3,400 pesos, insuficiente para cubrir los costos de producción.
Entre sus demandas también se incluyen la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creación de una banca de desarrollo agropecuario y la reestructuración de créditos para productores.
Nuevas políticas y promesas
Además del apoyo económico, la SADER anunció la expansión del programa Cosechando Soberanía, que ofrecerá créditos con tasas preferenciales del 8.5 % anual y seguros agropecuarios que cubrirán pérdidas por sequías, inundaciones o plagas.
El nuevo Sistema Mexicano del Maíz establecerá precios de referencia antes de cada ciclo agrícola y promoverá acuerdos directos entre productores y grandes empresas harineras como Maseca, Minsa y Cargill, las cuales se comprometieron a pagar precios ligeramente superiores a los del mercado internacional.
“Lo importante es que se compre toda la producción nacional y que el productor sepa, antes de sembrar, a cuánto venderá su maíz”, enfatizó Berdegué.
Sheinbaum agregó que para 2026 se planean nuevos incentivos al maíz nativo, especialmente en el sureste del país, como parte de una política de “soberanía alimentaria con justicia rural”.