
El domingo 11 de mayo de 2025, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, fue asesinada en plena caravana política, y frente a simpatizantes.
Yesenia Lara encabezaba una caravana de motociclistas y taxis, tras concluir un mitin político en su municipio natal, cuando fue interceptada por un grupo armado que abrió fuego contra ella y su equipo. El ataque dejó otras cuatro personas muertas y tres heridas. Las demás víctimas del ataque en Texistepec fueron identificadas como:
- Arón Nolasco (guardia de seguridad de Yesenia)
- Silvestre González (integrante de la brigada)
- Miguel Ángel Navarro (policía municipal de Jáltipan)
- Marisol Navarro (hija del policía municipal Miguel Ángel Navarro).
Imágenes de la brutal escena fueron difundidas en redes sociales mostrando el cadáver de la candidata tendido en el asfalto, cubierto por una bandera de Morena. Según informes preliminares, al menos ocho sujetos participaron en la agresión y Yesenia recibió múltiples disparos, incluyendo impactos en el rostro.
Una transmisión en vivo de Facebook capturó los momentos previos al ataque. En ella, se veía a Yesenia Lara Gutiérrez saludando a los vecinos mientras desfilaba con sus simpatizantes por las calles de Texistepec. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el ataque durante su conferencia matutina, señalando que aún no se conocían los motivos y que su gobierno ofrecía apoyo a las autoridades estatales, incluyendo la fiscalía local.
Yesenia había desempeñado antes otros puestos públicos: agente municipal de la comunidad de Las Camelias, síndica del Ayuntamiento de Texistepec, y, recientemente, fue designada como Promotora de la Cuarta Transformación. De igual manera, su esposo, Enrique Argüelles Montero, se habría desempeñado también como funcionario municipal antes de ser asesinado en 2022 en Acayucan, Veracruz.
La tragedia de la contendiente a presidenta municipal no es un hecho aislado. Apenas el 29 de abril, Germán Anuar Valencia, candidato de la coalición Morena-PVEM a la presidencia municipal de Coxquihui, Veracruz sufrió un ataque con arma de fuego durante un recorrido político en la comunidad del Arenal.
Ante el caso del pasado fin de semana, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no tardó en reaccionar, calificando el hecho como clara violencia política, además prometió dar con los responsables. Reconoció que algunos candidatos podrían tener antecedentes penales y que ya se solicitó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) un listado para verificar perfiles. Según Nahle, 57 de los 212 candidatos a presidencias municipales habían pedido protección. De estos:
- 24 eran de Movimiento Ciudadano (MC)
- 11 del Partido del Trabajo (PT)
- 8 de la coalición entre Morena y el Partido Verde Ecologista
- 6 de Morena
- 3 del Partido Acción Nacional (PAN)
- 3 del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
- 1 del Partido Verde Ecologista y
- 1 independiente.
El Observatorio Nacional Ciudadano ha documentado cómo cada elección en México se vuelve más violenta que la anterior y con mayor impunidad. Desde hace años, la delincuencia organizada busca controlar resultados electorales, ya sea imponiendo a sus candidatos o amedrentando a los futuros ganadores. La violencia ya no solo se manifiesta en financiamiento de campañas, sino también en secuestros, extorsiones y homicidios dirigidos a candidatos, sus familias y equipos.
Veracruz, por su parte, ha sido reiteradamente señalada como una de las entidades con más municipios en disputa y mayor número de agresiones a aspirantes en este proceso electoral. El senador Manuel Huerta subrayó que Texistepec ya había sido escenario de violencia en años recientes sin una respuesta institucional que generara confianza social. “No es el primer evento que lastima a la sociedad […] no ha habido una acción que deje satisfecha a la población”, declaró.
A pesar del contexto de incertidumbre, miedo y muerte, Huerta instó a que la violencia no inhiba la participación ciudadana este primero de junio:
“Llamamos a la población a no amedrentarse, a salir a votar y a ejercer sus derechos, pero también a exigir a las autoridades una coordinación más efectiva”.
La muerte de Yesenia Lara Gutiérrez no solo es un crimen contra una persona, sino una confirmación de que, en México, aspirar a un cargo público, particularmente en los niveles municipales, puede costar la vida.