El pasado 3 de septiembre la Cámara de Diputados, uno de los órganos que conforman el Congreso de la Unión, aprobó la reforma judicial tanto en lo general como en lo particular. La votación fue de 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones.
Acto seguido, la discusión sobre la reforma se trasladó, el 9 de septiembre, a la Cámara de Senadores con la necesidad de dos tercios de los votos del Senado para ser aceptada, es decir 86 votos a favor. La disyuntiva se presentó cuando Morena y sus aliados reunieron solamente 85 votos de los 128 senadores. Durante días, se planteó la narrativa donde Morena defendió que la mayoría calificada, necesaria para pasar una reforma en el senado, no constaba de 86 sino de 85 senadores.
Al mismo tiempo, sucedieron actos irregulares que involucran a senadores de la oposición. Estos levantaron sospechas sobre su intención de voto, pero especialmente sobre las estrategias que está usando el partido en funciones para asegurar que su reforma sea aprobada. Particularmente, resonó el caso del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien fue detenido junto con su padre, con la intención de impedirle acudir al Senado el día de la sesión. De la misma forma, el senador panista Miguel Ángel Yunes se ausentó el primer día de la votación y, más tarde, anunció dejar su escaño por motivos de salud, cediéndole así el puesto a su padre.
El martes 10 de septiembre, mientras se llevaba a cabo la sesión en la Cámara de Senadores, trabajadores del poder judicial y civiles irrumpieron abruptamente en la sala para frenar la discusión mediante una manifestación. Dicho acto causó que la sesión se trasladara a la antigua sede del poder legislativo.
Finalmente, la reunión concluyó con 86 votos a favor de la reforma y 41 en contra. El voto decisivo lo aportó el senador de oposición Miguel Ángel Yunes, quien, al votar de manera contraria a los intereses que debía representar, fue acusado por la ciudadanía de traidor a la patria. En consecuencia, la aprobación de la reforma judicial avanza a su siguiente etapa donde debe ser aprobada por al menos 17 de las 32 Legislaturas estatales.