En Venezuela, el lunes 2 de septiembre el Tribunal Especial I Antiterrorista emitió una orden de arresto solicitada por la Fiscalía en contra del candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia. Se le acusa de presuntos delitos de “usurpación de funciones”, “falsificación de documentos”, “conspiración”, “sabotaje de sistemas”, e “instigación a la desobediencia de leyes”. Además, el Ministerio Público había citado a declarar en tres ocasiones a González Urrutia como sujeto de investigación, sin que este se presentara. Los hechos están relacionados con las elecciones del pasado 28 de julio, donde hubo incertidumbre respecto al resultado presidencial. La Comisión Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como ganador, sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre la legitimidad del conteo de actas electorales. Por su parte, la orden de detención ha sido calificada como persecución política por gobiernos latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; al igual que Estados Unidos y la Unión Europea que condenaron el arresto como injustificado. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación ante el aumento de aprehensiones postelectorales que limitan a la población venezolana a ejercer sus derechos humanos fundamentales.
